La desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación medioambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones continuaron siendo una realidad habitual en toda la región de las Américas, lo que para miles de personas se traducía en violaciones de derechos humanos cotidianas. A lo largo del año varios países de la región se vieron sacudidos por manifestaciones multitudinarias, al tomar la gente las calles para exigir rendición de cuentas y que se respetaran sus derechos humanos. Salvo escasas excepciones, la mayoría de los gobiernos respondieron a estas protestas con represión y haciendo uso excesivo de la fuerza, en un intento de silenciar las reivindicaciones de mayor justicia social. En lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de la ciudadanía, las autoridades recurrieron a la violencia en las actuaciones policiales durante las manifestaciones y, en algunos casos, incrementaron la militarización de las operaciones de orden público. Durante el año, al menos 210 personas murieron a consecuencia de la violencia en el contexto de las protestas.
La región de las Américas continuó siendo la más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos y para quienes ejercían el periodismo. En 2019, 208 personas perdieron la vida de manera violenta por su labor de defensa de los derechos humanos, y muchas otras sufrieron hostigamiento, criminalización y desplazamiento forzado. En algunos países se siguió sometiendo a acoso, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales a periodistas. Por ejemplo, en México murieron de manera violenta durante el año al menos 10 periodistas a consecuencia de su trabajo.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los líderes y lideresas indígenas que luchaban para defender derechos de acceso a la tierra, el territorio y el medioambiente figuraban entre las personas con mayor riesgo de sufrir violencia y hostigamiento. En el contexto de proyectos de infraestructura y del profundo impacto de las industrias extractivas, la mayoría de los gobiernos no respetó ni garantizó el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras ancestrales.
La impunidad por violaciones de derechos humanos continuó siendo la norma en la región. En 2019, el gobierno guatemalteco cerró uno de los mecanismos más innovadores creados para abordar la falta de justicia: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La presencia y el poder crecientes de diversos movimientos de derechos de las mujeres en la región también constituyeron un hito en 2019. Pese a ello, la violencia por motivos de género continuó siendo generalizada en las Américas. Las defensoras de los derechos humanos, las mujeres que realizaban trabajo sexual, las mujeres migrantes y refugiadas, las mujeres afrodescendientes e indígenas y las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, entre otras, estaban expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia de género y tortura a causa de múltiples formas de discriminación. En noviembre, el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó su información más actualizada sobre feminicidios (homicidios de mujeres por motivos de género) basada en cifras oficiales de 16 países de América Latina y el Caribe. Según estos datos, al menos 3.500 mujeres habían sido asesinadas por razón de género en 2018. La verdadera cifra probablemente era muy superior, ya que 10 países sólo proporcionaron datos de mujeres que habían sido asesinadas por su pareja o expareja.
Durante el año, millones de personas de la región buscaron seguridad fuera de su país de origen. Al concluir el año, la crisis de derechos humanos que vivía Venezuela había generado casi 4,8 millones de personas refugiadas, más que cualquier otro país del mundo, a excepción de Siria; la mayoría vivía en países vecinos. Aunque algunos países de América Latina establecieron mecanismos ad hoc para regularizar la situación migratoria de las personas, también impusieron obstáculos innecesarios e ilegales para su entrada que ponían en peligro a quienes solicitaban asilo.
Continuó el desplazamiento hacia Estados Unidos de personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador que huían de la violencia generalizada que imperaba en sus países. Como en años anteriores, siguió aumentando de forma significativa la cifra de personas cubanas, nicaragüenses y venezolanas con casos pendientes en tribunales de inmigración estadounidenses. Incumpliendo las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos, el gobierno de Trump continuó atacando y socavando la institución del asilo al aplicar medidas y políticas para impedir que las personas solicitantes de asilo cruzaran la frontera de Estados Unidos con México. En una maniobra que evocaba las acciones emprendidas por Estados Unidos en años anteriores, el gobierno mexicano desplegó tropas en la frontera entre ambos países. Tras firmar acuerdos con el gobierno estadounidense para evitar posibles aranceles, el gobierno mexicano también acordó recibir y albergar a personas solicitantes de asilo que habían sido devueltas por Estados Unidos y estaban a la espera de que se celebraran sus audiencias. En Centroamérica, al menos 70.000 personas que habían huido de la crisis de derechos humanos en curso en Nicaragua vivían en Costa Rica, donde el acceso al proceso de solicitud de asilo y a servicios básicos seguía siendo problemático.
