Trinidad y Tobago debe garantizar y proteger los derechos de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Así lo la manifestado Amnistía Internacional en una carta abierta al primer ministro Keith Rowley tras la deportación, el 21 de abril, de 82 personas procedentes de Venezuela.

“Millones de personas de Venezuela huyen de una crisis de derechos humanos sin precedentes en su país. Necesitan un salvavidas, no ser devueltas a un país en el que pueden sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) ha declarado que en el grupo se encontraban personas registradas como solicitantes de asilo y personas que habían declarado su intención de solicitar la condición de refugiadas.

Las deportaciones colectivas están prohibidas por el derecho internacional, pues violan los principios de no penalización, no devolución y confidencialidad, así como los derechos al debido proceso y a la protección judicial.

“Si realmente se ha devuelto a las personas deportadas sin una evaluación individual de su situación o sin darles la oportunidad de impugnar su orden de deportación, sin que se les expliquen sus opciones legales en una lengua que comprendan, y sin acceso a sus abogados o al ACNUR, las acciones del gobierno de Trinidad y Tobago han minado el debido proceso, la política del propio gobierno sobre el asilo y las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos.”

“Ahora más que nunca, los Estados como Trinidad y Tobago deben garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, incluido el creciente número de personas procedentes de Venezuela que necesitan con urgencia protección internacional. Si no lo hacen, estarán ignorando el compromiso del país de proteger los derechos humanos.”