Junto con organizaciones locales de derechos humanos, Amnistía Internacional entregó ayer a la Asamblea Legislativa de El Salvador 209,051 firmas de personas de 57 países que piden una reforma legal para despenalizar el aborto en determinadas circunstancias.

“El gobierno salvadoreño debe poner fin a la cruel política de penalización que viola los derechos de las mujeres y las niñas, pone su salud y sus vidas en peligro, y las castiga con el encarcelamiento por sufrir traumáticas complicaciones relacionadas con el embarazo”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La petición solicita la inserción del artículo 133-A en el Código Penal de El Salvador para despenalizar el aborto en los casos de violación, de abuso sexual contra una menor de edad, cuando la salud o la vida de la embarazada corra peligro, o en casos de malformación letal del feto.

Las firmas fueron recogidas por Amnistía Internacional, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, y varias organizaciones locales más que hacen campaña en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en El Salvador.

El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias. Las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos o emergencias obstétricas son sistemáticamente sospechosas de haberse sometido a un aborto y, a menudo, son acusadas de “homicidio” o incluso “homicidio agravado”, que acarrea una pena de hasta 50 años de prisión.