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DEFENSORA EN RIESGO DURANTE LA CUARENTENA POR COVID-19
Posteado: 2020-05-04
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El 17 de abril, hacia las dos y media de la tarde, Jani Silva oyó seis disparos a menos de 30 metros de su residencia en Puerto Asís, en Putumayo (suroeste), Colombia. El 22 de abril oyó de nuevo tres disparos a menos de 50 metros de su residencia, y oyó movimientos de personas y una motocicleta alrededor de su casa. Estos dos incidentes tuvieron lugar después de que una fuente confidencial informara a final de marzo a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de que existía un plan para matar a Jani Silva. Instamos al Ministerio del Interior a brindar protección adecuada a esta defensora.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Jani Silva es una defensora del medioambiente, la paz y los derechos humanos que ha promovido tanto la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio como diversas iniciativas de reforestación, y ha denunciado los efectos sociales y medioambientales de las operaciones petroleras, incluidas las de Amerisur. Amerisur es una empresa de explotación de hidrocarburos que actúa principalmente en las cuencas de Putumayo. La empresa cuenta en sus operaciones con los siguientes socios: ONGC Videsh Ltd (India), Canacol Energy Ltd. (Canadá), Pluspetrol (Países Bajos), Pacific Exploration & Production (Frontera Energy, Canadá), Vetra (Colombia) y Occidental Petroleum (Estados Unidos).

A causa de su papel como defensora de la paz, los grupos armados han amenazado con matarla para silenciar una de las voces más firmes que defienden las causas sociales en Putumayo. Jani también ha recibido amenazas por oponerse a una empresa petrolera en la zona. La han amenazado con matarlos a ella y a sus familiares si sigue promoviendo manifestaciones en favor de un medioambiente saludable. Se desconoce el origen de las amenazas.

Jani Silva es la representante legal de la Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (ADISPA), una organización comunitaria que tiene como finalidad proteger los derechos de las comunidades que viven en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica.

El 26 de marzo de 2020, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz recibió información sobre un plan para matar a Jani Silva durante alguno de sus desplazamientos a la Zona de Reserva Indígena.

Desde que el presidente Iván Duque declaró una cuarentena nacional el 24 de marzo, al menos 14 defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados, tres de ellos mientras cumplían la cuarentena en su casa. El incidente que tuvo lugar el 22 de abril ocurrió durante el confinamiento ordenado por el gobierno colombiano para evitar la propagación de la COVID-19; en Puerto Asís ese confinamiento empieza a las seis de la tarde y termina a las cinco de la madrugada.

El 2 de julio de 2020, la Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz recibió información confidencial sobre un plan en curso para asesinar a Jani Silva. El plan está presuntamente dirigido por un grupo armado llamado “La mafia” debido al programa voluntario de sustitución de cultivos que Jani Silva impulsa en la región de Putumayo (suroeste), Colombia. Según las ONG, “La Mafia” está detrás de los asesinatos de 14 personas en la región de Putumayo desde que comenzó el cierre del COVID-19. Instamos a la Unidad Nacional de Protección a incrementar las medidas de protección para Jani Silva

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EXIGE JUSTICIA PARA GUSTAVO GATICA
EXIGE JUSTICIA PARA FABIOLA CAMPILLAI
#FirmáXChile #INVESTIGUENMANDOS
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Gustavo Gatica, un joven estudiante de psicología que participaba en las manifestaciones del estallido social en Chile, quedó ciego por el impacto de balines que coinciden con los disparados por personal de Carabineros. Dicha munición fue utilizada de forma indiscriminada y desmedida en innumerables ocasiones durante las protestas, violando las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de la autoridad y dejando a cientos de personas con lesiones oculares.
Fabiola Campillai, de 36 años, madre de tres hijas/os, bombera, jugadora de fútbol y activa en labores comunitarias. El martes 26 de noviembre mientras se dirigía al trabajo recibió el impacto de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros en su rostro. Este ataque se llevó consigo su vista, el sentido del olfato y del gusto. Además, este brutal suceso le provocó múltiples fracturas craneoencefálicas que le han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Si bien la noche del 27 de agosto fue detenido un capitán de Carabineros como presunto responsable directo del ataque hacia Fabiola, la investigación no puede limitarse a quien disparó, sino que deben investigarse también a las personas que vieron lo sucedido, sin hacer nada para evitarlo ni para prestar auxilio, y también a los mandos que, sabiendo lo que había pasado, no aplicaron medidas contra los responsables.
Firmá y exigí que se investigue y judicialice a todos los responsables de este acto de violencia policial, incluida la cadena de mando.
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