Tras saberse que decenas de manifestantes y simples transeúntes, entre ellos el miembro del personal de Amnistía Internacional Laith Abu Zeyad, fueron detenidos arbitrariamente y golpeados por las fuerzas de seguridad palestinas, Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado:

“Las autoridades palestinas de Cisjordania mostraron una oscura y disfuncional faceta de violencia, cuando sus fuerzas de seguridad llevaron a cabo una brutal operación para reprimir a manifestantes pacíficos que protestaban por las sanciones impuestas a Gaza. Miembros de las fuerzas de seguridad palestinas, en muchos casos vestidos de civil, agredieron y detuvieron a decenas de manifestantes y simples transeúntes y los golpearon bajo custodia. Entre ellos se encontraba el activista de Amnistía Internacional Laith Abu Zayed, que asistía a la manifestación en calidad de observador.”

“Laith Abu Zayed pasó varias horas bajo custodia policial y en ese tiempo fue golpeado brutalmente. Cuando quedó en libertad, recordó haber visto tratar de igual modo a otros 18 detenidos. Su caso es sólo la punta del iceberg del uso en gran escala de fuerza excesiva y tortura exhibido anoche por las fuerzas de seguridad palestinas. Exigimos una investigación exhaustiva e independiente de estas violaciones de derechos humanos y pedimos que se haga rendir cuentas a todos los responsables.”

“El Estado de Palestina es parte en los principales tratados internacionales de derechos humanos, así que, en virtud del derecho internacional, las autoridades tienen la obligación de hacer valer estos derechos, incluidos los que garantizan la seguridad de la persona y la libertad de expresión y de reunión, y de investigar los casos en que hayan sido violados y ofrecer reparaciones. La comunidad internacional debe exigir a las autoridades palestinas que respeten estos derechos y pongan a disposición judicial a quienes los hayan violado. Debe revisar con urgencia los acuerdos de cooperación en materia de seguridad y asistencia a las fuerzas de de seguridad palestinas para garantizar que no facilitan la comisión de violaciones de derechos humanos.”

Un grupo de activistas palestinos lanzó una campaña que incluía una serie de manifestaciones para pedir al gobierno palestino que levante las sanciones impuestas a la Franja de Gaza. Según los organizadores, estas sanciones incluyen recortes salariales a más de 63.000 funcionarios públicos, negarse a pagar la factura de electricidad de Gaza, suprimir totalmente el gasto en funciones ministeriales en la Franja y limitar gravemente la asistencia a su ministerio y su sistema de salud, incluso reduciendo la concesión de permisos de salida del territorio para recibir tratamiento médico.

El domingo, 10 de junio, centenares de manifestantes se echaron pacíficamente a la calle en Ramala, sin que se produjera ningún enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Al día siguiente, los organizaciones convocaron otra protesta para el miércoles por la noche.

El martes, 12 de de junio, el asesor de gobernación del presidente Mahmud Abás declaró que todas las manifestaciones quedaban prohibidas hasta el final de la festividad del Eid y no se iba a permitir ninguna. Sin embargo, ayer, los organizaciones confirmaron que iban a continuar con su protesta y explicaron claramente que no buscaban enfrentamiento con las autoridades palestinas.